A raíz de la reciente noticia sobre “la desaparición del Conacyt”, sustituido por Conahcyt, existe cierta incertidumbre sobre el futuro de los estudiantes de posgrado e investigadores que recibían las becas administradas por este consejo.
En efecto, la Cámara de Diputados avaló con 257 votos a favor, 210 en contra y dos abstenciones,
expedir la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reformó diversas disposiciones de las leyes Federal de Entidades Paraestatales y de Planeación.
De acuerdo con el dictamen de las comisiones unidas de Ciencia y de Educación en el Palacio de San Lázaro, el director del nuevo organismo sería designado por el titular del Ejecutivo.
El objetivo de la Ley de Humanidades
La nueva Ley, que conforma el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es decir, que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
“Entre otros objetivos, establece el principio y bases de las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como la integración, articulación y rectoría de un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, señala la Cámara de Diputados.
¿Qué dice el actual Consejo?
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) celebró la aprobación del nuevo Conahcyt. Su aprobación, subrayó el organismo público, “representa un gran paso en la ruta legislativa definitoria para que México logre una primera Ley General que consolide y reivindique el carácter humanístico de la política científica y tecnológica del país”.
En la nueva norma, agrega, en la que se hace referencia al “conocimiento científico” y al “conocimiento humanístico”, se busca afianzar el respaldo a estas disciplinas, y se hace hincapié en que las personas “tienen libertad de manifestar sus opiniones sin censura alguna, y se enfatiza la importancia de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales para la reflexión crítica como una de las bases de las políticas públicas en la materia”.